Desde la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras del Espectáculo queremos sumarnos a los trabajadores de RTVV en su denuncia ante el injusto y precipitado cierre de Canal 9.
La actual crisis está sirviendo como excusa para apantallar muchas decisiones que tienen un carácter esencialmente político. Las radiotelevisiones públicas autonómicas, y entre ellas RTVV, nacieron con la idea de reflejar la realidad social, cultural e idiomática de los espectadores a las que van dirigidas. Es decir, enriquecer y poner en valor la cultura, costumbres y la información que fluyen en una región. Sin embargo, su función se ha desvirtuado desde el momento en el que algunos gobiernos autonómicos, por el obvio poder que otorga un medio de comunicación (y más si es específico de la región que gobiernan), han ido haciendo uso de estos canales con intereses partidistas y, cada vez, de forma menos disimulada. Son algunos gobiernos autonómicos quienes han convertido estos entes en otro reflejo del derroche administrativo. Son ellos los que han marcado muchas veces la línea editorial de los canales sesgando informaciones, vetando contenidos o creando una visión interesada de la cultura e historia locales. Y son estos mismos gobiernos quienes ahora, cuando las bajas audiencias ya no compensan políticamente, han decidido desmantelar las radiotelevisiones públicas o están en vías de hacerlo. Un desmantelamiento que acabará, en unos casos, en privatizaciones, y en otros, liberando las frecuencias de emisión para el mejor postor.
Así que, con este panorama, dejar caer que la culpa del cierre de RTVV se debe a los trabajadores que llevan años cumpliendo con su labor y a los que los tribunales han dado la razón anulando un ERE totalmente improcedente, es vergonzoso. No son los trabajadores quienes han derrochado dinero, no son ellos quienes han sido tendenciosos con los contenidos, ellos simplemente han tratado de hacer la mejor televisión posible dentro de las condiciones que los sucesivos gobiernos han ido imponiendo.
Pero, incluso por encima de los trabajadores, lo injusto es que los valencianos, y tememos que no serán los únicos, acaben quedándose sin la única televisión hecha por y para ellos. Que sean víctimas de otro proceso en el que lo público, cuando no sirve a los gobernantes, sólo se valora por criterios de rentabilidad económica, igual que pasa con la sanidad, la educación o la cultura. Nos abocan a una sociedad donde el único valor a tener en cuenta es el dinero, nunca más el social o el cultural.
No se cierra un medio de comunicación, se cierra otra puerta para que los ciudadanos puedan serlo en plenitud.
